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La conexión entre el Juez Baltazar Garzón y el padre de Emilio Lozoya Austin ocurrió a una semana de haber sido trasladado de Málaga a Madrid

Cuando viajó a España para ver a su hijo ya preso en la cárcel de Alhaurin de la Torre en Málaga, Emilio Lozoya Thalmann, habría sostenido pláticas con abogados españoles cercanos académicamente al famoso juez Baltazar Garzón.

Uno de los asociados de Garzón en México, el periodista hispano Antonio Navalón, desde entonces fue mencionado como el enlace para que se dieran esos encuentros.

Fue entonces que apareció en escena un abogado mexicano, Miguel Ontiveros Alonso, egresado de la UNAM y con un doctorado en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca.

La conexión entre el Juez Baltazar Garzón y el padre de Emilio Lozoya Austin, ocurrió en los tiempos en que el ahora hospitalizado en el Ángeles del Pedregal, tenía apenas una semana de haber sido trasladado de la prisión de Málaga a una de Madrid.

Ontiveros Alonso estableció comunicación directa con la familia del detenido y recomendó buscar por la vía de los Criterios de Oportunidad (fundamentando en lo contenido en el artículo 256 del Código de Procedimientos Penales Federales, fracciones quinta y sexta) para iniciar la negociación de la extradición voluntaria del exdirector de PEMEX.

El Fiscal Alejandro Gertz Manero tuvo desde ese momento el control del mencionado proceso de extradición.

Y lo seguirá teniendo durante los siguientes 10 días en los que, ya apelando a lo prescripto en materia de Derechos Humanos por la enfermedad que le fue diagnosticada al llegar a México, término en el que el indiciado será ya objeto de las presentaciones correspondientes ante el juez que lleve finalmente la causa.

La negociación entre el despacho de Ontiveros Alonso y el Fiscal Gertz Manero ya vislumbra que Emilio Lozoya Austin, a cambio de proporcionar información sobre los casos de la venta de Agro Nitrogenados, que tiene por esa causa preso al empresario Alonso Ancira, y la forma en que operaron los sobornos de la petrolera brasileña Odebrecht, que involucra a Altos Hornos de México, empresa que preside el mencionado Ancira, y que habría pagado cerca de 4 millones de dólares a una firma offshore señalada como la intermediaria de Odebrecht en el espinoso caso de los sobornos y la venta del activo chatarra de Agro Nitrogenados.

Para los objetivos de la 4T en su lucha contra la corrupción la información que proporcionaría Emilio Lozoya a cambio de ser beneficiados por los criterios de Derechos Humanos (condición que pudiera lograr que el exdirector de PEMEX no pisara durante su proceso la cárcel) será un triunfo más político que procesal. Personajes involucrados en el caso de corrupción que Lozoya tiene documentado en recibos y videos, afectarán, además de figuras emblemáticas de la corrupción peñista, el colaboracionismo nada gratuito de encumbrados personajes del panismo (por ahora se menciona a cinco de ellos que ostentan en la actualidad la titularidad del poder ejecutivo en sus estados, Querétaro, Durango, Aguascalientes, Baja California Sur y Tamaulipas) y, por supuesto, a connotados perredistas que fueron igualmente actores estrellas de la firma del fracasado e inútil Pacto Por México, vendido como el retablo de las maravillas por José Murat al iluso Enrique Peña Nieto.

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Jose Luis Camacho Acevedo

Periodista, columnista de El Heraldo de México, SDP Noticias y Monitor Xpress, colabora con Ciro Gómez Leyva los jueves a partir de las 8:00 am y es director de aeinoticias.com

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