Lorena Cuellar, el gran obstáculo de Tlaxcala

Tanta es su obsesión de control, que la encargada de atender los programas sociales del gobierno federal, mete su cuchara en todas partes.

Lorena Cuellar Cisneros, Delegada Estatal de Programas de Sociales del Gobierno Federal, se volvió el ajonjolí de todos los moles tlaxcaltecas para contradecir de manera sistemática y permanente las instrucciones de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República.
Es natural que aún haya ajustes en el gobierno federal, pero algo que no le queda claro a Cuéllar Cisneros es que la campaña se acabó hace más de 6 meses y que Andrés Manuel ya es Presidente de México, es el presidente de los mexicanos pues, de todos, sin que falte alguno; por tanto, ella ya no debería estar en campaña y mucho menos, tratar como el enemigo al gobierno del estado que preside Marco Antonio Mena Rodríguez, porque insisto, ya son gobierno.
Tanta es su obsesión de control, que la encargada de atender los programas sociales del gobierno federal, mete su cuchara en todas partes, por ejemplo, el asunto del presupuesto de 2019 para la entidad, que es un tema meramente local en el que el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo, deben discutir los pormenores al respecto, para equilibrar la finanzas locales con el orden fiscal y proveer en medida de lo posible, las condiciones de crecimiento económico paralelas a las de la nación.
Pero es manifiesto contrario lo que publica un periódico local fechada el jueves 3 de enero, en que sostiene que con “Los recortes que los diputados locales aprobaron en Seguridad, Educación, Pensiones Civiles y otros rubros… Se termina con los lujos de los funcionarios públicos”. ¿Cuáles funcionarios públicos? ¿Cuáles lujos?, de haber tenido conocimiento como de muchas otras cosas como el huiachicoleo en Tlaxcala, ¿Por qué no hizo las denuncias públicas y/o ante las autoridades competentes en tiempo y forma?, ¿Por qué ahora sí, reparte culpas sin señalar culpables?
Usted, amable lector, debe de preguntarse, ¿Por qué le conviene a Lorena Cuellar, que NO a Morena, que NO al Presidente López Obrador, que haya menos dinero a educación y a seguridad pública en Tlaxcala?
La respuesta es muy sencilla, ante la caída de los indicadores educativos y mal aprovechamiento de los alumnos, escasez de recursos de educación, desatención de programas de becas y desayunadores escolares (por ejemplo), la deserción escolar se dispararía en los próximos 2 ciclos escolares y todos sabemos que un pueblo sin educación es un pueblo ignorante y por consecuencia, sin acceso a información para poder decidir.
La Cuéllar busca beneficiar a todos aquellos que abandonen sus estudios para darles despensas y darles programas sociales para que dependan, como siempre, los más desprotegidos de la “benévola proveedora” para que voten por ella en el 2021.
La disminución del presupuesto 2019 en materia de seguridad pública para Tlaxcala, tampoco es casualidad, al ir en aumento los robos a casas habitación y de autopartes, en primer lugar, generará una psicosis de inseguridad en la entidad en la que por supuesto, la Cuéllar tratará de crear una confusión tal en la sociedad para que el gobierno federal emita la Alerta de Género en la entidad, acusando falta de acción local en esa materia para nuevamente, pretendiendo ignorancia de los tlaxcaltecas.
Se nota que nadie le ha recordado a la señora que su trabajo se limita únicamente a la Coordinación de Programas Federales Asistenciales (que ella estaría usando de manera electorera) y de ninguna manera es, como pretende asumir, una sub gobernadora que le impone la pauta al ejecutivo.
Ahora bien, si los diputados locales están obedeciendo instrucciones de Cuéllar Cisneros, bien se podría prestar al tráfico de influencias en perjuicio de los tlaxcaltecas, mismo que se encuentra tipificado en el Código Penal Federal en el CAPITULO IX – Tráfico de Influencia, que en su Artículo 221 establece que 
“Comete el delito de tráfico de influencia:
El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, y
Cualquier persona que promueva la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior.
El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fracción del artículo 220 de este Código.
Al que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrán de dos años a seis años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
La apuesta de Lorena Cuellar pareciera en el sentido de crear una antagonía sin par entre el Gobierno de López Obrador y el de Marco Mena, sin importar las consecuencias que pudiera traer consigo en la sociedad civil de la entidad, y para ello, expongo otro caso muy particular y que por estricto sentido denominado “Seguridad Nacional”, Cuéllar Cisneros también podría ser denunciada por Ejercicio Indebido de Servicio Público, pues en el tema de la Coordinación Estatal de Seguridad Pública, es el Secretario Técnico quien tiene en sus atribuciones fungir como enlace de la SSyPC con las entidades federativas, coordinaciones estatales de desarrollo, dependencias federales y organizaciones civiles en materia de seguridad, prevención de la violencia y el delito; construcción de la paz, así como de protección civil.
En los apartados subsecuentes, se establece que el o la Secretaria Técnica de las Coordinaciones Estatales de Seguridad Pública, tiene qué apoyar al gobernador en su área de influencia, articular acuerdos con gobiernos estatales, con las coordinaciones estatales de programas para el desarrollo…, proporcionar a la SSyPC a través de la Subsecretaría de Planeación informes que contribuyan a la toma de decisiones, etc.
Pero el documento denominado “El ABC de los Secretarios (as) Técnicos (as) de las Coordinaciones Estatales de Seguridad Pública”, NUNCA establece que estará subyugado a la Coordinación Estatal de Programas para el Desarrollo, ni que la Coordinadora Estatal definirá la agenda, ni los invitados, así como invitar a quien se le ocurra, tal es el caso de la incómoda presencia de Salvador Ballesteros (Cónyuge de Lorena Cuéllar) o de su acompañante, el ex panista, Sergio González y hasta de Baldemar Cortés, ex diputado de Movimiento Ciudadano, quienes no tienen por qué estar en esas reuniones en las que todos los que participan dejan sus teléfonos celulares fuera y ellos hacen llamadas y contestan desde la sede en la que se realizan estas reuniones para definir acciones en materia de seguridad pública en la entidad en coordinación con las autoridades federales.
Lorena Cuellar podría enfrentar hasta 7 años de prisión en caso de que se le presenten cargos de manera judicial ante las instancias respectivas, y de acuerdo al mismo Código Penal Federal que a la letra dice : “CAPITULO II – Ejercicio indebido de servicio público. Artículo 214.- Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que:
Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales.
Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido.
Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal centralizada, del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, del Congreso de la Unión o de los poderes Judicial Federal o Judicial del Distrito Federal, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades.
Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.
Por sí o por interpósita persona, cuando legalmente le sean requeridos, rinda informes en los que manifieste hechos o circunstancias falsos o niegue la verdad en todo o en parte sobre los mismos, y
Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado.
Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, se le impondrán de tres días a un año de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la comisión del delito y destitución en su caso, e inhabilitación de un mes a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Al infractor de las fracciones III, IV, V y VI se le impondrán de dos a siete años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Ahora bien, se presumía que este martes 8 de enero estaría en la entidad el Presidente López Obrador a efecto de entregar recursos de programas sociales a jóvenes de la tercera edad, entre otras actividades, pero ayer lunes, por la tarde se anunció la cancelación de la visita presidencial a Tlaxcala.
Sólo hay dos causas que pueden justificar la cancelación de la gira de trabajo del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Tlaxcala; una de ellas, es la insistencia de Lorena Cuéllar de mantener confrontaciones airadas y ríspidas en todos los renglones posibles con el gobernador del estado y a través de grupos de choque se lanzaran rechiflas y exigiera el retiro del gobernador Marco Mena de los eventos que encabezaría el Presidente de la República, de acuerdo a información no confirmada por la tarde.
La otra causa, puede tener qué ver con los asuntos en materia de Seguridad que se están desarrollando al interior de la Coordinación Estatal de Seguridad Pública, en filtraciones que se están dando hacia ciertos oficiosos que de manera sediciosa acompañan a Cuellar Cisneros en su proyecto de gobierno para el 2021.
A los críticos algo les está fallando y se llama brújula moral, Tlaxcala es nuestra gente y nuestra memoria, su sociedad es nuestro motivo y nuevamente, hace falta que el espíritu crítico sobresalga y no por la promesa de convenio de publicidad, sino por la condicionante de la censura descarada, del ataque a periodistas desde cuentas falsas en redes sociales, de las amenazas que vierte a través de sus allegados.
Lorena Cuéllar Cisneros, ha hecho de una rivalidad política una enfermiza y encarnizada lucha personalísima por la gubernatura a partir del 2021 en la que ella misma se ve como la suprema benefactora.
Es claro que por la naturaleza unilateral y contradictoria a la política que dicta el presidente López Obrador, Lorena Cuellar no está informando de manera objetiva y verídica de sus acciones y ha hecho de la administración pública federal un instrumento de venganza personal a la que está sujeto el estado de Tlaxcala y sus habitantes.

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Alex Gomez

Periodista desde 1993, Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Director General de Grupo Monitor Nacional que aglutina a los diarios digitales Monitor XPress, Click Social Tlaxcala, Excéntrik Radio y Soy Frikki.

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